La pregunta del millón: ¿cómo se reparten la tarta las UTE?

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Mientras los datos de creación de cualquier otro tipo de sociedad son públicos en el Registro Mercantil, los de las UTE, sociedades nuevas que se crean para contratar con la administración, permanecen bajo candado.

¿Quién cobra la obra? surgió con la ambición de revelar por primera vez la cantidad precisa de dinero que se ha llevado cada constructora en contratos con las administraciones españolas. Del total del importe de todos los contratos de obra pública adjudicados entre 2007 y 2015 (38.828 millones de euros), el 40,8% fue a parar a empresas que concurrían en solitario (15.833 millones), pero la mayor parte, un 59,2% (22.995 millones), se adjudicó a uniones temporales de empresas (UTEs). Y muchos de estos contratos, por sumas muy elevadas.

Por motivos principalmente técnicos y fiscales, o por una combinación de ambos, dos o más empresas pueden unirse en una única compañía, una UTE, para acometer una obra o servicio mientras dure el proyecto. Eso implica que, sin conocer exactamente cuál es el porcentaje de participación de una empresa en estas sociedades de duración determinada, resulta imposible saber el importe total que se ha llevado en contratos públicos.

El equipo de Civio se adentró en este laberinto como en el mito cretense, tejiendo su propio hilo de Ariadna con ayuda de la tecnología. La primera hebra consistía en recopilar todas las UTE adjudicatarias de contratos de obra pública. Extrajimos y conformamos una base de datos con los 1.616 contratos concedidos a UTE desde el año 2009 y hasta 2015. En ellos, 1.550 presentaban en el nombre de la propia UTE los nombres de las empresas que la formaban (por ejemplo, UTE Obrascón Huarte Laín, S.A. – FCC Construcción S.A. – Félix Santiago Melían, S.L. – Hnos. García Álamo). Tras un intensivo proceso informático de la base de datos, restaron 77 UTE que buscar a mano, en las que los nombres de las empresas participantes no quedaban claros.

Fue un camino tortuoso durante el que logramos fraccionar todas las UTE en sus empresas correspondientes salvo una, la encargada de construir el campo de fútbol de césped artificial, y la zona deportiva adyacente, del C.P. Villarrobledo por un importe total cercano al medio millón de euros. Nos llevó un mes y medio más, con numerosas llamadas, emails y comunicación postal, acceder a ese sencillo dato, a qué empresas participaron en esta obra. Finalmente, el Ayuntamiento accedió a resolver nuestra duda.

La segunda hebra del hilo debía llevar a conocer el porcentaje exacto de estos contratos que corresponde a cada una de las sociedades que integran estas UTE. Si se ha adjudicado un contrato de un millón de euros a una UTE de tres empresas, ¿cuánto se ha llevado cada una? Ni el Registro Mercantil, ni los principales repositorios de información sobre propiedad empresarial (eInforma, Axesor, Empresia), ni el TED (el suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea dedicado a la contratación pública) poseían todos los datos que necesitábamos. Se recopilaron los que estaban disponibles, apenas unos pocos. Tampoco contábamos con que este laberinto tenía su propio minotauro: la Agencia Tributaria.

Porcentaje societario con carácter reservado

La Ley 18/1982 establece que las UTE tienen la obligación de inscribirse en un registro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esto es así porque no tienen personalidad jurídica propia y, para acceder a los beneficios fiscales que prevé la ley, deben compartir con Hacienda datos como su nombre, razón social y estatutos. También, lo más importante, “la proporción o método para determinar la participación de las distintas empresas miembros en la distribución de los resultados o, en su caso, en los ingresos o gastos de la unión”. Ahí estaba la salida del laberinto, pero actualmente ese registro no es público.

En febrero de 2016 se solicitó a Hacienda acceso a dicho registro, anonimizando previamente cualquier dato personal o fiscal que debiera protegerse, para conocer la participación societaria, en porcentaje, de las empresas que forman cada UTE. Y para conocer los nombres de los participantes en cada UTE y, así, evitarnos el paso de separarlas. En su respuesta, la Agencia Tributaria (AEAT) se acogió a su “deber de sigilo” por el “carácter reservado de los datos con transcendencia tributaria”, según la Ley General Tributaria 58/2003, para no dar acceso a Civio. La AEAT resolvió conceder un supuesto “acceso parcial”: el número de UTE dadas de alta por año, una información que ni siquiera se había solicitado. Por si a alguien le interesa, desde el 2007 y hasta el momento de la solicitud se han inscrito 22.563 UTE, de las que 5.883 ya se han disuelto. En realidad, se trababa de una denegación de facto del acceso a la información solicitada, pero “acceso parcial” resulta más presentable a efectos estadísticos. Es una forma de maquillar las cifras en las evaluaciones de transparencia que detectamos cada vez con más frecuencia en las administraciones públicas.

Además, entendíamos que se estaba aplicando de forma demasiado amplia el concepto de “datos con trascendencia tributaria”, y que entonces cualquier dato en manos de la Agencia Tributaria podría ser considerado confidencial. Otra salvedad obligada: teniendo en cuenta que los datos de creación de cualquier otro tipo de sociedad son públicos en el BORME y el Registro Mercantil, ¿por qué no los de una unión de empresas, que no es otra cosa que una nueva sociedad, y que además se crea expresamente para contratar con las administraciones públicas? Con estas y otras alegaciones, recurrimos este dictamen ante el Consejo de Transparencia.

La AEAT alegó que la inscripción en el registro de UTE es un requisito vinculado directamente a la aplicación de un régimen fiscal especial dentro del Impuesto de Sociedades, pese a que no se había pedido ningún dato asociado a esté régimen ni a sus obligaciones. El Consejo de Transparencia convino que “conocer la identidad de los participantes en una UTE, así como el porcentaje de dicha participación, permite identificar a los sujetos tributarios acogidos a un determinado régimen fiscal”. Por lo tanto, son “datos con trascendencia tributaria” y “carácter reservado”. Y así, desestimó la reclamación presentada.

Buscando aún la salida

La campaña de financiación colectiva de ¿Quién cobra la obra? concluyó en diciembre de 2014, y desde entonces el equipo sigue buscando la salida de este laberinto. Muchos cientos de horas de dedicación después, y muchos más recursos consumidos que los logrados para hacer el proyecto, estos son sus frutos. Por una parte, se puede consultar cuánto dinero ha obtenido cada constructora desde 2009 a 2015 en contratos obtenidos en solitario. Y, por otra, cuál es la suma total obtenida por las UTE en las que esta constructora ha participado, aunque no podamos saber a cuánto asciende su parte de ese pastel. La Fundación Civio se compromete a seguir buscando nuevos hilos de los que tirar hasta salir de este laberinto.


Gracias a los 250 co-financiadores de ¿Quién cobra la obra? y a los cómplices de la fundación porque su ayuda es imprescindible para seguir deshaciendo esta madeja.

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